María José Sánchez Rubio,
Consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales
Un auténtico suplicio es el que ha tenido que padecer un matrimonio de Sevilla que en 1998, cuando el hombre, Antonio Calleja, que entonces tenía 37 años y su mujer, Francisca Ramírez, 36 ,iniciaron los trámites para una adopción nacional a través de la entonces Consejería de Salud y Bienestar Social.
En un principio la Junta les concedió el certificado de idoneidad para acoger a un menor en dos ocasiones en 2003, la segunda vez por el cambio de perfil del niño o niña, beneplácito que la Administración retiró tras presentar la pareja en 2007 una queja al Defensor del Pueblo por la tardanza en la resolución del expediente. Una vez logrado que los jueces dieran la razón al matrimonio, éste emprendió un contencioso para reclamar una indemnización de 2.70.3.756 euros por daños morales y gastos de abogado, que finalmente ha quedado reducida a 70.000 euros.
En la actualidad Antonio Calleja y Francisca Ramírez tienen abierto otro frente judicial, a raíz de la denuncia penal presentada contra una funcionaria de la Junta, que ha sido imputada por un presuntos delito de alteración del expediente de adopción.
El fallo del TSJA sobre la indemnización reproduce las resoluciones del Juzgado y de la Audiencia que declararon la idoneidad del matrimoniopara el acogimiento familiar nacional. En el primero de los escritos se recoge una sucesión de críticas y reproches del Tribunal al comportamiento de la Administración andaluza con este matrimonio «De entrada –señala la sentencia del Juzgado– se ha de llamar la atención sobre la actitud incongruente y contradictoria,prácticamente errática, que ha mantenido la Administración en el transcurso del expediente», y a la que se acusa de «gravísimas irregularidades».
Luchar contra la burocracia y arruinar tus légitimas expectativas como padre adoptivo en un proceso que ya es tan largo y duro de por sí, administrativa y psicológicamente, o resignarse y dejar que la actuación administrativa roce la arbitrariedad con tal de cumplir tu sueño, esa debe ser la disyuntiva que muchos padres pueden encontrarse en casos como éste, sin olvidar que quiénes están detrás esperando son menores que necesitan una familia, me parece muy injusto. Cualquier indemnización no podrá resarcir jamás, el sueño legítimo de ser padres adoptivos y que, finalmente la burocracia habrá arruinado, porque, a estas personas, para cuando la Justicia les haya dado la razón, se les habrá pasado un tiempo precioso, las ganas y las energías mentales para ser padres. Espero que este tipo de casos, sean los menos. Al final todos pierden.
ResponderEliminarparece increíble que pasen cosas asi.
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